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  • Diario Digital | martes, 30 de noviembre de 2021
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Los votos del PP impiden la puesta en marcha de un fondo para familias en riesgo de desahucio

TCAM/REDACCION Diego Sánchez Rull lamenta la negativa de los diputados del Partido Popular y asegura que “la realidad que vivimos obliga a impulsar mecanismos diferentes y capaces de responder a una situación extraordinaria”Foto recurso.

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Los votos del PP impiden la puesta en marcha de un fondo para familias en riesgo de desahucio

Los votos de los diputados del PP han impedido que salga adelante una propuesta del Grupo Socialista para poner en marcha un fondo económico para atender a las familias en situación de padecer el desahucio de su vivienda habitual. La propuesta planteaba la necesidad de impulsar ese fondo, que debía regularse en virtud de convenios entre la Diputación y los municipios de menos de 5.000 habitantes (a los que se limitaba su ámbito de aplicación) y que habría de articulase en forma de ayudas reintegrables para las familias amenazadas de desahucio, de manera que estas pudieran abonar a las entidades financieras que impulsan el lanzamiento las cantidades necesarias para evitar el desalojo de estos inmuebles.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Diego Sánchez Rull, ha sido el encargado de defender esta propuesta que se ha visto truncada por los votos negativos del Partido Popular. A lo largo de su intervención, el diputado socialista ha destacado el grave impacto social que se está derivando de una crisis con origen económico-financiero. Según los datos aportados por el propio Diego Sánchez Rull, solo en lo que va de año han sido ya 1.053 las familias que han sufrido el desahucio de sus viviendas en la provincia.

“Los mecanismos planteados por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, se han quedado claramente cortos y desfasados. No han llegado en ningún momento a responder con eficacia a la gravedad de la situación generada para miles y miles de familias de toda España, porque la realidad que vivimos obliga a impulsar mecanismos diferentes y capaces de responder a una situación extraordinaria”, ha dicho Diego Sánchez Rull,

 Por este motivo, el diputado socialista ha justificado la necesidad de poner en marcha este fondo económico reembolsable para familias en grave amenaza de desahucio en municipios de menos de 5.000 habitantes asegurando que “los entornos rurales son los que más están sufriendo los rigores de la crisis dentro de una preocupante situación general. Y, por tanto, son igualmente los que  requieren un esfuerzo extraordinario por parte de las Administraciones, máxime en el caso concreto de la Diputación como institución que tiene encomendada la atención de las localidades de menor población”.

 Diego Sánchez Rull ha destacado que “el Gobierno de la Diputación ha tratado de maquillar su negativa a este plan asegurando poco menos que estos fondos se convertirían en una ayuda indirecta a los bancos, justo cuando ha sido ese partido quien ha centrado las medidas de choque contra la crisis en un plan de rescate de los bancos”. De ahí que haya lamentado que “una vez más, el PP ha vuelto a hacer política de partido, defendiendo los intereses de su Gobierno y sacando la cara por Mariano Rajoy en lugar de hacerlo por los ciudadanos de la provincia y por los intereses generales, en un tema tan sensible como este”.

La propuesta socialista rechazada por los votos del PP incluía también la solicitud de que el Gobierno modificara las condiciones recogidas en  el decreto Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de modo que se establecieran nuevas condiciones para que quienes no puedan pagar su hipoteca por haberse quedado en paro o por cualquier otra causa imprevista y ajena a su voluntad continúen con la posibilidad de seguir usando su vivienda familiar bajo la fórmula que se establezca con la entidad financiera correspondiente. Igualmente, la oposición de los diputados del Partido Popular ha frustrado tanto que se promueva la creación de una ley que recoja la regulación de la figura del convenio de acreedores como que esa nueva normativa obligue a todas las entidades financieras beneficiarias de ayudas públicas a aceptar la fórmula de la dación en pago.

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