Ruiz, Moya, Cádiz y Galindo investigados por el caso del Juez de Paz de Tarifa

Esta denuncia, que interpuso el PP local hace meses ante la Fiscalía de Algeciras, ha propiciado que el propio fiscal judicialice el caso que ya se ha incoado por la jueza de instrucción nº 1 de dicha localidad.

         El hecho que propició la denuncia fue motivado porque únicamente se presentó una persona para la cobertura de la plaza de juez de paz suplente y como no contaba con la aprobación del actual equipo de gobierno, por su vinculación con la portavoz del Grupo Popular, se evitó llevarlo a pleno como es preceptivo por ley, sino que los asistentes a la Junta de Portavoces decidieron rechazar la petición del solicitante, sin estar habilitados para ello, contraviniendo el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, que establece que “los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente”, abriendo éstos un nuevo plazo para la cobertura de dicha vacante, de esta manera se actuó de manera anticonstitucional, negando al solicitante su derecho a pedir la suplencia que se ofertaba.

 Es más, a continuación en el proceso para cubrir la plaza de Juez Titular también se ha actuado irregularmente ya que se procedió por los mismos denunciados a establecer como criterio la experiencia, para perjudicar a todos los solicitantes  y favorecer a una persona en concreto, la hermana de un militante del PSOE, habiéndose saltado los principios de igualdad, merito y capacidad cercenando la posibilidad de acceso al puesto del resto de los candidatos ya que la experiencia no es una condición exigible, sino una artificio para consumar el trafico de influencias, con el objetivo de reponer a la persona que siempre ha estado en el puesto bajo los sucesivos gobiernos socialistas.

“Afortunadamente la justicia está haciendo que, por fin, veamos la luz ante algunos casos que son flagrantes y ya hay fecha, siendo el próximo día 27 de mayo el día en que todos tendrán que prestar declaración con el nº de diligencias previas 1041/2018. Seguiremos denunciando la manipulación y el proceder de estas personas ante lo que marca la legislación, así como los posibles casos de prevaricación que nos vamos encontrando, siendo éste el segundo caso en que el fiscal del área de Algeciras se pronuncia al respecto, viendo indicios de delito, procediendo el propio fiscal a la judicialización de la denuncia que hace meses presentamos”, añade González Gallardo.

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