• Diario Digital | Lunes, 25 de Marzo de 2019
  • Actualizado 12:50

SEGÚN EL BALANCE ANUAL DE LA UNIDAD POLICIAL DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.

Intervenidos en Cádiz el 63 por ciento de los boletos de lotería ilegal incautados en Andalucía

La Policía Adscrita a la Junta ha intervenido en 2018 un total de 422.881 boletos de loterías ilegales en la provincia de Cádiz, lo que supone el 63,4 por ciento de los 666.478 cupones incautados en toda Andalucía que carecían de autorización administrativa para este tipo de sorteos.

boletos ilegales
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Intervenidos en Cádiz el 63 por ciento de los boletos de lotería ilegal incautados en Andalucía

 

 

En una nota, la Junta ha indicado que estas intervenciones de la Policía andaluza han sido el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.

Además, los agentes de la Policía andaluza confiscaron durante el pasado año en la provincia Cádiz un total de 6.087 euros y 20.475 cartones de bingo y 252 efectos relacionados con el juego ilegal, tal como refleja el balance anual de los equipos especializados en la lucha contra el juego fraudulento en la comunidad autónoma.

Asimismo, en el marco de esta labor contra el juego ilegal, la Unidad de Policía Adscrita realizó también un total de 350 inspecciones en máquinas de juegos de azar, tras lo cual levantó acta de dos denuncias, decomisó un aparato y precintó otro, según ha señalado la Junta, que ha añadido que en total, el equipo del Área de Espectáculos Públicos y Juego de la Policía andaluza en Cádiz investigó el pasado año a cuatro personas, denunció a 322 e identificó a 554.

En este sentido, ha recordado que el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales en este ámbito perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes.