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Las pensiones en el punto de mira. Por Ángel Luis Jiménez

Carlos R | 12 de diciembre de 2017

IAM/ALJ De los más de 17.400 millones que ha desembolsado este mes la Seguridad Social, 7.792 proceden de recursos adicionales. En concreto, 3.586 millones provienen del Fondo de Reserva y los 4.206 restantes, del préstamo que el Estado concedió a la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobados el pasado mes de junio para evitar que se agotara de manera definitiva el Fondo de Pensiones.  

IAM/ALJ De los más de 17.400 millones que ha desembolsado este mes la Seguridad Social, 7.792 proceden de recursos adicionales. En concreto, 3.586 millones provienen del Fondo de Reserva y los 4.206 restantes, del préstamo que el Estado concedió a la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobados el pasado mes de junio para evitar que se agotara de manera definitiva el Fondo de Pensiones.

Esos 3.586 millones retirados del Fondo de Reserva de la Seguridad Social han permitido poder pagar la paga extra de Navidad a los pensionistas, pero han dejado el Fondo de Reserva de las pensiones en solo 8.095 millones (solo un mes de financiación de la prestación). Este Gobierno ha retirado más de 63.700 millones de la “hucha” de las pensiones desde 2012 y será el responsable de dejarlo a cero. Este Fondo garantiza, ya no, que todas las personas que han dejado de trabajar puedan satisfacer con una pensión sus necesidades elementales.

Ante este panorama los sindicatos han salido a la calle para reivindicar pensiones dignas, pero su marcha por esa dignidad queda opacada en buena parte por el conflicto de Cataluña. Ni siquiera puede compararse el número de manifestantes. Las centrales de clase exigen al menos dos cosas: que los actuales pensionistas no pierdan poder de compra como consecuencia de la reforma de las pensiones hecha por el PP; y que los futuros pensionistas (los jóvenes y los maduros de hoy) puedan cobrar su pensión pública sin que esta sea inferior a la de sus antecesores (fruto de la reforma laboral del PP). 

 Estas marchas han coincidido, con el reciente análisis publicado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) titulado “Evitando la desigualdad en la vejez”, que se centra en el futuro de la gente madura que todavía no es pensionista. España será uno de los países donde la tercera edad tendrá más riesgos por el espectacular envejecimiento de la sociedad (razones demográficas) y por el gigantesco paro y precarización estructural, que afecta a la población más joven (razones políticas).

Ese informe dice que los jóvenes actuales, y los nacidos a partir de la década de los sesenta, corren el peligro de afrontar unos niveles de pobreza y desigualdad mucho mayores que sus padres (otro día hablare de la necesidad de una Renta básica universal e incondicional). En estos momentos coexisten en la sociedad española activa al menos dos generaciones: la generación bloqueada (los jóvenes), formada por aquellos a quienes se les obliga a trabajar en cualquier empleo (si lo encuentran), por cualquier precio; que estudiaron lo que el mercado laboral dictaba y no aquello para lo que tenían vocación; y que están obligados a volver una y otra vez al hogar paterno o materno, en medio de una gran frustración.  Y luego está la auténtica generación perdida, con alrededor de la cincuentena. Una generación que no tiene quien la escriba y que, como se refiere a ella uno de sus componentes, “proviniendo de la clase obrera entró masivamente en las universidades, criada con otro mito, el de que un título universitario era un pasaporte para el ascenso social, que vivió las mieles de la burbuja, pero la crisis lo ha mandado al paro dejándolos no sin futuro sino con un presente lastrado, nadie los quiere porque ya son viejos, pero con una hipoteca difícilmente pagable e hijos a los que todavía mantener”.

 Ante este desolador panorama no podemos tirar la toalla, así que debemos buscar reformas audaces en el actual sistema de pensiones, porque el sistema de reparto de las pensiones (una generación financia la jubilación de la anterior) está en crisis. El Estado debe desarrollar políticas para tener más trabajadores con empleos de calidad. También debe apoyar con medidas la creación de las empresas requeridas por la nueva economía y con la formación adecuada de sus empleados.

El Estado debe restringir el acceso a los sistemas de jubilación anticipada y otras vías de salida prematura. Y debe alinear la edad de jubilación con el aumento de la esperanza de vida. El Estado debe estimular la prolongación de la vida laboral con un mejor acceso a la formación continua, adaptando los lugares de trabajo para una fuerza de trabajo más diversa. Y finalmente debe igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Digo Estado porque pienso que este Gobierno es incapaz de hacer nada.

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